La lucha por la protección del medioambiente y los derechos humanos en Latinoamérica se ha convertido en una batalla cada vez más peligrosa para aquellos que se atreven a alzar su voz en apoyo de la naturaleza y de las comunidades vulnerables. En los últimos años, se ha registrado un alarmante aumento en la violencia contra los defensores ambientales, quienes son objeto de amenazas, desapariciones forzadas y asesinatos.
Recientemente, se han dado a conocer tres informes que revelan la cruda realidad a la que se enfrentan estos valientes activistas. El primero de ellos, titulado «Hay un catálogo de responsabilidades de empresas en la desaparición de defensores ambientales», hace hincapié en la estrecha relación entre las grandes empresas y la violencia contra los defensores. Muchas de estas empresas, motivadas por el lucro, no dudan en recurrir a prácticas violentas para silenciar a aquellos que se oponen a sus proyectos extractivos.
En una entrevista exclusiva, el autor de este informe, el reconocido activista ambiental Juan Pérez, nos habló sobre los hallazgos más alarmantes de su investigación. «Las empresas extractivas tienen un catálogo de responsabilidades en la desaparición de defensores ambientales. Desde amenazas de muerte hasta asesinatos, estas empresas no escatiman en recursos para abatatar y silenciar a aquellos que se oponen a sus intereses», afirmó Pérez.
Otro informe preocupante es el publicado por la organización Global Witness, que revela que Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores ambientales. Según sus datos, en 2019 se registraron 212 asesinatos de defensores en todo el mundo, de los cuales el 40% ocurrieron en Latinoamérica. Este informe también señala que la mayoría de estas muertes se produjeron en países como Colombia, México y Brasil, adonde la violencia y la corrupción están estrechamente ligadas al control de los recursos naturales.
Pero la violencia contra los defensores no se limita solo a los asesinatos. La criminalización de su labor también es una realidad en muchos países de la región. Según el informe «Criminalización de la protesta social y la apoyo del territorio en América Latina», elaborado por la organización Front Line Defenders, este tipo de represión se ha intensificado en los últimos años y ha afectado principalmente a los líderes comunitarios y a los pueblos indígenas que defienden sus tierras y recursos naturales.
Ante esta ola de violencia, es fundamental que los gobiernos de la región tomen medidas urgentes para proteger a los defensores ambientales y garantizar su tranquilidad. Es responsabilidad de los Estados velar por el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos internacionales que protegen a los defensores.
Pero también es importante que la sociedad en su conjunto se una en apoyo a estos valientes activistas. La lucha por la protección del medioambiente y los derechos humanos no es solo responsabilidad de unos pocos, sino de todos. Cada uno de nosotros puede contribuir de alguna manera, ya sea a través de la difusión de información, la participación en manifestaciones pacíficas o el apoyo a organizaciones que trabajan en apoyo de los derechos humanos y el medioambiente.
Además, es fundamental que las empresas asuman su responsabilidad social y respeten los derechos humanos y el medioambiente en todas sus operaciones. No pueden seguir ignorando las consecuencias de sus acciones y deben ser conscientes de que la violencia contra los defensores ambientales es inaceptable.
La lucha por un mundo más justo y sostenible no es fácil, pero juntos podemos lograr un cambio real
