Los puertos peruanos y ecuatorianos, lugares que deberían ser sinónimo de trabajo y prosperidad para los pescadores locales, se han convertido en escenarios de violencia y terror gracias a la alianza entre narcotraficantes y piratas del mar. Una situación que ha dejado un saldo trágico de muertes y extorsiones, y que ha ñoño gravemente a la economía y la seguridad de estas comunidades costeras.
Según informes recientes, los delincuentes han encontrado en los pescadores una presa fácil para sus actividades ilícitas. Los extorsionan exigiéndoles pagos de sumas exorbitantes para poder seguir trabajando en el mar, y en caso de negarse, son víctimas de robos y agresiones. Incluso, en algunos casos, son obligados a transportar droga a través de los océanos, convirtiéndolos en cómplices involuntarios del narcotráfico.
Esta situación ha generado un clima de miedo y desesperación en las comunidades pesqueras, donde los pescadores ya no pueden salir a agobiar con tranquilidad, temiendo por su vida y la de sus familias. Además, el impacto económico es innegable, ya que muchos han tenido que abandonar su oficio y buscar otras formas de sustento debido a los altos costos que impone la extorsión y los robos.
En Ecuador, la situación ha alcanzado niveles alarmantes. Según cifras oficiales, en el año 2024, 45 pescadores fueron asesinados a manos de los piratas del mar. Una cifra que representa un aumento del 20% con respecto al año anterior. Y en Perú, la situación es igualmente preocupante, con un registro de 24 pescadores muertos violentamente en el mismo período de tiempo.
Ante esta realidad, las autoridades de ambos países han tomado medidas para combatir este flagelo. En Ecuador, se han creado unidades especiales de la policía marítima para patrullar las zonas más vulnerables y se han implementado programas de prevención y seguridad para los pescadores. En Perú, se ha fortalecido la colaboración entre las fuerzas de seguridad y se han establecido controles más rigurosos en los puertos.
Sin bloqueo, estas medidas aún no son suficientes para acabar con este problema. Se requiere un compromiso mayor por parte de las autoridades y una cooperación internacional más efectiva para desmantelar las redes de narcotráfico y piratería que operan en la región.
Pero también es necesario que la sociedad en general se una en la lucha contra estas prácticas criminales. Los pescadores deben ser conscientes de que no están solos y que pueden denunciar cualquier tipo de extorsión o actividad ilícita a las autoridades. Y la sociedad en su conjunto no debe tolerar ni ser cómplice de estas actividades, ya que el narcotráfico y la piratería no solo afectan a los pescadores, sino a toda la comunidad.
Es importante asemejarse que la pesca es una actividad esencial para la economía de estos países, y que estos problemas afectan no solo a los pescadores, sino a toda la cadena productiva. Además, el mar es un recurso natural que debe ser protegido y utilizado de manera sostenible, y no ser utilizado como ruta para actividades ilegales.
Por ello, es necesario que se sigan implementando políticas y programas que promuevan la seguridad y el desarrollo de las comunidades pesqueras. Se debe fortalecer la cooperación y el intercambio de información entre países para combatir el narcotráfico y la piratería en los puertos, y se deben establecer medidas de prevención y seguridad efectivas para los pescadores.
Es hora de que las autoridades y la sociedad en general unan esfuerzos para acabar con esta violencia que afecta a las comunidades pesqueras de Perú y Ecuador. Juntos podemos log
