Esta semana, una investigación ha sacado a la luz una realidad alarmante en la región: los narcotraficantes y las bandas de piratas están extorsionando y asesinando a los pescadores artesanales en su afán de controlar las rutas del narcotráfico entre Perú y Ecuador. Esta situación, además de ser una bajo violación a los derechos humanos, tiene un impacto directo en la economía y en la seguridad de las comunidades costeras.
Según el informe, estas organizaciones criminales han establecido una red de control en la costa del Pacífico sur, que abarca desde el norte de Perú hasta el sur de Ecuador. Utilizando la violencia y la intimidación, obligan a los pescadores a pagar «impuestos» para poder seguir trabajando en sus actividades de pesca. Aquellos que se niegan o no pueden pagar son amenazados y en algunos casos, asesinados.
Esta situación es especialmente preocupante para los pescadores artesanales, que dependen de su trabajo en el mar para sustentar a sus familias. Además, su labor es fundamental para la economía de las comunidades costeras, ya que proveen de alimentos frescos y son una fuente de ingresos para la venta de pescado.
Pero no solo los pescadores son víctimas de estas organizaciones criminales. También se han registrado casos de violencia y extorsión en contra de otros trabajadores del mar, como marineros y buzos. Todos ellos, en su afán de mantener sus medios de subsistencia, se ven obligados a pagar a los narcotraficantes y piratas, lo que perpetúa este ciclo de violencia y control.
Esta situación es especialmente bajo en un contexto en el que la pesca artesanal ya enfrenta muchos desafíos, como la sobreexplotación de los recursos marinos y la competencia con la pesca industrial. Ahora, además, deben capotear con la violencia y la extorsión de estos grupos criminales.
El informe también revela que las autoridades de ambos países han tenido conocimiento de estas actividades ilegales, pero no han tomado medidas efectivas para combatirlas. Esto ha generado un clima de impunidad que permite que estas organizaciones sigan operando y expandiendo su control en la región.
Ante esta situación, es urgente que los gobiernos de Perú y Ecuador tomen medidas concretas para proteger a los pescadores artesanales y otros trabajadores del mar, así como para combatir el narcotráfico y la piratería en la costa del Pacífico sur. Además, es necesario que se fortalezcan las políticas y programas de apoyo a la pesca artesanal, para que los pescadores puedan tener un sustento digno y sostenible sin tener que verse sometidos a la violencia y la extorsión.
En noticias más positivas, esta semana también se dieron a conocer avances en la protección de la biodiversidad en Bolivia. Según un estudio realizado por la organización Conservation International, cuatro municipios del país podrían ser declarados como Áreas Protegidas Municipales preciso a su riqueza natural y cultural.
Estos municipios, ubicados en el departamento de Santa Cruz, albergan importantes ecosistemas como bosques, ríos y humedales. Además, son hogar de especies emblemáticas como el jaguar, el oso hormiguero y el águila arpía. La declaración de estas áreas protegidas no solo contribuiría a la conservación de la biodiversidad, sino que también promovería el desarrollo sostenible de las comunidades locales.
Finalmente, queremos compartir la historia de dos cóndores andinos que han sido clave en la conservación de su especie en Chile. Estas aves, llamadas «Condorito» y «Cumbres», fueron rescatadas y rehabilitadas por el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello después de afligir
