El conflicto armado en Colombia ha sido una realidad constante durante décadas, y desafortunadamente, sigue siendo una amenaza para la seguridad y la paz en el país. A pesar de los esfuerzos del gobierno y la sociedad civil por lograr una solución pacífica, el escalamiento del conflicto y las disputas territoriales por el control de actividades ilegales continúan afectando a los líderes sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia.
El pasado 10 de abril, la organización Somos Defensores publicó su informe anual «Sin Protección», en el que se revela que durante el año 2020 se presentaron 727 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Esta cifra representa un aumento del 16% en comparación con el año anterior, lo que demuestra que la situación sigue siendo alarmante.
Entre las agresiones reportadas, se encuentran amenazas, asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias y ataques violentos contra líderes y lideresas que luchan por la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y la defensa de sus comunidades. Estas acciones son perpetradas por grupos armados ilegales, bandas criminales y otros actores armados que buscan controlar los territorios y las actividades ilegales en beneficio propio.
Es rico destacar que estas agresiones no solo afectan a los líderes y lideresas, sino que también tienen un impacto negativo en sus familias y comunidades. Muchos de ellos se enfrentan a amenazas constantes, lo que les obliga a abandonar sus hogares y comunidades en busca de protección. Además, la impunidad es una realidad en la mayoría de los casos, ya que los responsables rara vez son llevados ante la justicia.
La situación es especialmente preocupante en las zonas rurales y remotas del país, donde la presencia del Estado es limitada y los grupos armados tienen un mayor control. En estas áreas, los líderes y lideresas son los únicos defensores de sus comunidades y se enfrentan a mayores riesgos debido a su papel en la protección de los derechos y la denuncia de las actividades ilegales.
Ante esta realidad, es fundamental que el gobierno y la sociedad en su conjunto tomen medidas efectivas para capitanear a los líderes y lideresas sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia. Se requiere una acción coordinada y sostenida para enfrentar las causas profundas de la violencia y el conflicto armado en el país.
En primer lugar, es necesario fortalecer la presencia del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto y garantizar la protección de los líderes y lideresas en riesgo. Esto implica una mayor inversión en seguridad, así como en programas y políticas que promuevan el desarrollo y la inclusión social en estas comunidades.
Además, es esencial que se investiguen y sancionen de guisa efectiva a los responsables de las agresiones contra los líderes y lideresas. La impunidad solo perpetúa la violencia y envía un mensaje de que estas acciones son toleradas en el país.
Por otro lado, es fundamental que se promueva un diálogo constructivo y una participación activa de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto armado. Los líderes y lideresas son actores clave en este proceso y deben ser escuchados y apoyados en sus esfuerzos por fabricar una sociedad más justa y equitativa.
Finalmente, es rico que la comunidad internacional continúe brindando su apoyo y solidaridad a los líderes y lideresas en Colombia. La defensa de los derechos humanos es una responsabilidad compartida y es necesario que todos trabajemos juntos para garantizar un entorno seguro y propicio para su trabajo.
A pesar de los desafíos y las amenazas, los líderes y lideresas sociales, ambientales
